En octubre 2015 se aprobaron dos leyes que debían garantizar la comunicación digital de los ciudadanos con las administraciones, las leyes 39/2015 (de procedimiento administrativo común) y la 40/2015 (de régimen jurídico del sector público). Las normas debían haber entrado en vigor a finales de 2018, pero se aprobó una moratoria hasta 2020.
A poco más de medio año para la fecha límite, la consultora EY ha publicado el informe “La Administración Digital en España. Desde la perspectiva del ciudadano y de la empresa”, donde analiza el grado de digitalización de las comunidades autónomas, las diputaciones y cabildos, y los ayuntamientos, y el suspenso es general.
Según el informe, no hay ninguna administración que cumpla con todos los requisitos que recogen las leyes 39 y 40. Para la realización del estudio, EY ha identificado en estas dos leyes (39 y 40/2015)
un total de 132 requerimientos que han sido analizados desde el punto de vista del ciudadano para evaluar los avances conseguidos por las administraciones públicas en seis temáticas: portal web; sede electrónica; asistencia al ciudadano y a las empresas; identidad digital y firma electrónica; representación y registro electrónico, y comunicación y notificaciones.
En general las CCAA son las más avanzadas en funcionamiento digital, ya que de media cumplen con los requisitos en una media del 77%. Por orden, las CCAA más digitales son El País Vasco (94,7%), Galicia (94,2%), Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%). Por la cola, están Extremadura (47,9%), Aragón (51,2%), Navarra (66,5%), La Rioja (67,4%) y Castilla-La Mancha (71,4%).
Las diputaciones y cabildos, según los datos analizados por EY, cumplen de media el 64% de los requerimientos básicos. Hay una diferencia muy significativa entre unos y otros. Las diputaciones de Guipúzcoa, Sevilla, Almería, Vizcaya y el Cabildo de Gran Canaria son, por este orden, las que más se acercan a la digitalización básica al cumplir entre el 96,5% y el 81,4%. En cambio, los porcentajes del Cabildo de La Gomera y las Diputaciones de Guadalajara, Cuenca, Toledo y Soria oscilan entre el 0,9% y el 37,2%.
EY también ha analizado los principales ayuntamientos españoles, y su media de cumplimiento básico es del 64,5%. De nuevo hay grandes diferencias entre unos consistorios y otros. Valencia es el que mejor se adecúa, cumpliendo con el 87%. Le siguen los ayuntamientos de L’Hospitalet (82,8%), Madrid y Málaga (ambos con un 81,4%), y Barcelona (79,1%). Por el contrario, los ayuntamientos de Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña son los menos avanzados en funcionamiento digital, llegando a cumplir en el primer caso tan solo el 0,5% de las obligaciones básicas.
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Identidad digital y firma electrónica
Queda todavía mucho camino por recorrer en relación a la identidad digital y la firma electrónica. La ley exige que las administraciones ofrezcan sistemas de identificación y métodos de firma eficientes, como los que ofrece Firmaprofesional, y que asista a los ciudadanos y empresas en su utilización para que se relacionen correctamente con la administración. En este sentido sólo el 23% de las comunidades alcanza el 100% de los objetivos. Un porcentaje que desciende al 9,5% en el caso de ayuntamientos y diputaciones. La media de las CCAA en identidad digital y firma electrónica es de un 74,9%. El nivel de madurez de las diputaciones es del 58,3% y el de los ayuntamientos es del 56,5%.
